El Parlamento de la UE ha aprobado la ley sobre la cadena de suministro de la UE, conocida también como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Con un enfoque de aplicación escalonada, la ley obligará finalmente a las empresas de la UE con 1.000 empleados o más y una facturación de al menos 450 millones de euros a identificar los riesgos en derechos humanos y ciertos riesgos medioambientales en sus cadenas de valor, tomar medidas preventivas y correctivas, y hacer públicos los informes sobre dichas medidas. En algunos aspectos, la CSDDD va más allá de la Ley Alemana de la Cadena de Suministro (LkSG), que está en vigor desde enero de 2023.

En este artículo, descubre todo sobre la ley de la UE y lo que significa para tu empresa.

La CSDDD, también conocida como la CS3D, obliga a las empresas a gestionar cuidadosamente los impactos sociales y medioambientales a lo largo de toda su cadena de valor, incluyendo a los proveedores directos e indirectos, así como sus propias operaciones.

La obligación de implementar planes climáticos se ha modificado para que las medidas pertinentes deben tomarse, pero no se exige alcanzar resultados específicos.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de los estándares aplicables de derechos humanos y protección medioambiental para promover una economía global más justa y sostenible, así como una gobernanza corporativa responsable. Al presentar el borrador, el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, señaló que “solo las empresas que no dañen el medio ambiente y respeten plenamente los derechos humanos deberían operar en la UE”.

– El Parlamento de la UE aprobó la directiva el 24 de abril de 2024.

– En mayo, se espera que la directiva reciba la aprobación política final por parte de los ministros de la UE.

– La CSDDD podrá publicarse inicialmente en COREPER (15 de mayo) y posteriormente en una reunión de COMPET (23 de mayo). A finales de mayo, comenzará el proceso de transposición e implementación a nivel nacional.

– Los estados miembros tendrán dos años para transponer la directiva en derecho nacional y presentar la legislación correspondiente a la Comisión.

– Las leyes nacionales entrarán en vigor, escalonadas según el tamaño de la empresa. El alcance completo de la aplicación se hará efectivo cinco años después de la adopción.

– Alemania deberá modificar su Ley de la Cadena de Suministro (LkSG), que está en vigor desde enero de 2023.

– Empresas europeas con responsabilidad limitada, más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros a nivel mundial.

– Aunque las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) no se ven directamente afectadas por la ley, pueden verse indirectamente afectadas, por ejemplo, como proveedores de empresas más grandes que sí están dentro del ámbito.

– Dependiendo del tamaño de la empresa y su facturación, se aplican diferentes plazos para la aplicación de la directiva:

– Un período de gracia de tres años para empresas con más de 5.000 empleados y una facturación de 1.500 millones de euros.

– Un período de gracia de cuatro años para empresas con más de 3.000 empleados y una facturación de 900 millones de euros.

– Un período de gracia de cinco años para empresas con más de 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros.

Las empresas afectadas deben cumplir con sus obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro en cuanto a los derechos humanos y el medio ambiente. Para ello, deben seguir los siguientes pasos:

1. Identificar los impactos negativos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Luego, tomar medidas adecuadas para prevenir, mitigar y remediar estos impactos. (Para sectores de alto riesgo, esto solo debe aplicarse a violaciones graves de derechos humanos y medioambientales dentro del respectivo sector).

2. Integrar la diligencia debida en las políticas y sistemas de gestión de la empresa.

3. Establecer un procedimiento para recibir quejas y garantizar que todos en la cadena de suministro puedan acceder a él.

4. Proporcionar información transparente y pública sobre el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida de la empresa, incluyendo un informe anual.

5. Controlar y monitorear la efectividad de estas medidas.

6. Las empresas con una facturación anual superior a 150 millones de euros deben explicar cómo contribuirán a los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo Climático de París mediante un plan de transformación.

7. Los consejos de supervisión y administración también deben prestar atención al cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y obtener la información adecuada de la dirección.

Las empresas europeas tienen la responsabilidad de garantizar que ellas mismas, los usuarios de sus productos y sus proveedores no violen los derechos humanos, la biodiversidad y el medio ambiente, respetando por ejemplo:

– El respeto de los derechos laborales fundamentales, tal y como se establece en las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la libertad de asociación, la prohibición del trabajo infantil y forzoso, la igualdad salarial, la discriminación en el empleo y la ocupación, etc.

– El respeto de los derechos humanos, como la libertad y seguridad de la persona, la integridad física, la capacidad legal, la igualdad ante la ley, la privacidad, la libertad de movimiento, el acceso a alimentos y servicios básicos, así como el derecho al descanso y esparcimiento.

– La protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

– La protección de los cuerpos de agua y la calidad del aire.

– La lucha contra el cambio climático.

– Violaciones medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación o la destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas.

La mayor economía de Europa aprobó su Ley de la Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) el 11 de junio de 2021, pero la ley de la UE va mucho más allá:

– La directiva de la UE aplica las obligaciones de diligencia debida tanto a la cadena de suministro upstream como downstream. La cadena de valor upstream incluye todas las actividades relacionadas con la fabricación de un producto (por ejemplo, la extracción de materias primas) y la prestación de servicios. La cadena downstream incluye todas las actividades relacionadas con el transporte, almacenamiento o disposición. Los clientes y consumidores no están incluidos.

– Por lo tanto, la CSDDD requiere que se controle toda la cadena de valor, mientras que la Ley Alemana de la Cadena de Suministro solo exige controlar proactivamente a los proveedores directos y reaccionar ante informes sustanciados de los indirectos.

– La nueva normativa de la UE incluirá responsabilidad civil para las empresas. Se ha fijado un límite de tiempo de al menos cinco años para presentar reclamaciones. Los sindicatos y organizaciones no gubernamentales podrán presentar reclamaciones más allá de este plazo, independientemente del código de procedimiento civil nacional.

Las empresas deben asegurarse de cumplir con los requisitos legales no solo para ellas mismas y sus filiales, sino también para sus proveedores a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, todas las actividades relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, incluyendo todas las relaciones comerciales upstream y downstream.

Por lo tanto, las empresas afectadas deben verificar exactamente de dónde provienen los bienes suministrados, cómo se produjeron y qué consecuencias tuvo esto para el medio ambiente y el clima. En el caso de importaciones de países en desarrollo, verificar toda la cadena de suministro podría resultar un desafío mayor.

Para prepararse de manera legalmente segura para todos los requisitos de la nueva normativa, las empresas deben realizar una evaluación de riesgos continua y exhaustiva. Con la ayuda de una auditoría de socios comerciales flexible como parte integral del Sistema de Gestión de Cumplimiento (CMS), las empresas pueden cumplir y documentar simultáneamente sus obligaciones de diligencia debida.

Otro componente probado del CMS es un sistema digital de denuncia anónima que cumple con los requisitos de la nueva normativa para implementar un sistema de quejas. Con ambas herramientas, los departamentos responsables estarán adecuadamente preparados para cumplir con los requisitos de la Ley de la Cadena de Suministro de la UE.

Las pequeñas y medianas empresas se ven indirectamente afectadas por la CSDDD, ya que a medio plazo, las grandes empresas también obligarán a sus proveedores a cumplir con las obligaciones de diligencia debida.

Sin embargo, esto puede representar una oportunidad para las PYMEs, ya que las organizaciones que se posicionen claramente y se preparen con antelación se beneficiarán de ventajas competitivas sobre sus rivales. No obstante, esto requiere no solo recursos sino también un amplio conocimiento. Por ello, tiene sentido, especialmente para las PYMEs, confiar en soluciones holísticas que digitalicen estos procesos y las apoyen en el cumplimiento de todos los requisitos.

Para aliviar la carga de las PYMEs, la ley incluye diversas medidas de apoyo. Por ejemplo, si es necesario, los costes para cumplir con los requisitos pueden ser subvencionados mediante ayudas estatales.

Los signos fueron positivos desde el principio. En diciembre de 2020, los 27 estados miembros de la UE se pronunciaron a favor de una ley europea sobre la cadena de suministro. En marzo de 2021, los miembros del Parlamento Europeo adoptaron una propuesta legislativa sobre responsabilidad corporativa y diligencia debida. La Comisión de la UE preparó un borrador y lo presentó en febrero de 2022.

El 2 de junio de 2023, el Parlamento Europeo votó a favor de la ley de la cadena de suministro de la UE.

El 14 de diciembre de 2023, la presidencia del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional sobre la directiva. Este acuerdo solo necesitaba ser confirmado por el Parlamento y el Consejo, lo cual se consideraba una formalidad.

Sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaba: la propuesta legislativa no recibió mayoría en la reunión del Consejo de la UE a finales de febrero de 2024.

A mediados de marzo de 2024, un nuevo intento fue finalmente exitoso, con la mayoría de los países de la UE votando a favor de la propuesta legislativa conjunta en el Consejo Europeo.

El 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó la ley.

Se espera la adopción formal de la legislación por parte de los embajadores de la UE y la aprobación política por parte de los ministros de la UE en mayo de 2024.

A finales de mayo, la CS3D estará lista para su publicación en el Diario Oficial de la UE, allanando el camino para el proceso de transposición e implementación nacional. Los estados miembros de la UE tendrán entonces dos años para transponer la directiva en derecho nacional.

Alemania introdujo una ley de la cadena de suministro en 2021. El gobierno alemán deberá adaptarla posteriormente a los requisitos de la directiva. La Ley de Diligencia

Debida en la Cadena de Suministro de Alemania está en vigor desde el 1 de enero de 2023.

Una crítica general de los defensores de la Directiva de la Cadena de Suministro de la UE es que los requisitos de la directiva no van lo suficientemente lejos y todavía contienen lagunas. Algunos consideran, por ejemplo, que muchas empresas se encuentran muy por debajo del valor umbral y, por lo tanto, no se verán afectadas por la regulación de la UE.

Otros temen una mayor carga para las empresas afectadas, que ya han sufrido las consecuencias de la pandemia de coronavirus en los últimos años, así como una enorme carga de control y burocracia debido a las obligaciones de documentación e informes de la directiva. La industria y los círculos empresariales también han expresado preocupaciones sobre desventajas competitivas internacionales causadas por el aumento de la regulación.

Sin embargo, una gran ventaja dentro de la UE es que la CSDDD garantizará la uniformidad. Sin la legislación de la UE, habría existido el riesgo de que cada país promulgara una legislación similar pero diferente al respecto, como la LkSG en Alemania.

Para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, ya que millones de personas en todo el mundo trabajan en condiciones inhumanas. El trabajo forzoso y el trabajo infantil son comunes. Los salarios por debajo del nivel mínimo de subsistencia no son infrecuentes. Muchas personas trabajan en condiciones de seguridad que amenazan sus vidas y sufren las consecuencias de salud por el resto de sus vidas. El medio ambiente también sufre a lo largo de las cadenas de suministro globales, con consecuencias devastadoras para el futuro y los medios de vida de millones de personas.

La tendencia hacia condiciones de trabajo inhumanas está en aumento según el Centro Europeo de Derechos Humanos, especialmente en China, donde el problema se está extendiendo cada vez más, según Amnistía Internacional.

– “25 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso” (Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna)

– “79 millones de niñas y niños se ven afectados por el trabajo infantil explotador” (BMZ)

– “La parte salarial de una costurera de una camiseta de marca es del 0,6%” (FairWear)